24Sep
2015
Escrito a las 2:55 pm

Escribo a tres días de la apertura de las urnas en Cataluña. A medida que avanza la campaña, se han vertido argumentos confusos sobre cuestiones que pueden ser decisivas a la hora de inclinar el voto en uno u otro sentido. Voy a intentar aportar alguna claridad sobre algunas de ellas.

He escuchado a Romeva y Artur Mas decir que si Cataluña fuese independiente seguiría dentro de la Unión Europea, y por tanto negociaría su ingreso como nuevo Estado miembro de la UE “desde dentro”. Como les es muy difícil responder a quienes no entienden que sea posible estar a la vez dentro y fuera –y además ambos declararon en el pasado que “en un primer momento” Cataluña quedaría fuera- responden afirmando que la negociación para el ingreso en la UE sería fácil y rápida. Cualquiera que haya seguido las negociaciones para la adhesión de cualquier país candidato sabe que duran años, y que en numerosas etapas del proceso negociador se requiere la unanimidad de los países miembros. ¿Alguien se imagina que un proceso sin base legal ni acordado con España podría superar el primer escollo?

A veces, Romeva y Mas responden afirmando que en todo caso Cataluña seguiría en el euro. Falso, pues solamente los Estados miembros de la UE que cumplan con todos los requisitos –déficit, deuda, inflación y tipo de interés de sus bonos- puede ser admitido en la eurozona. Otra cosa distinta es que la hipotética Cataluña independiente siguiese utilizando el euro como moneda. Eso sucede en unos cuantos casos –Andorra, Montenegro, Kosovo, etc ..- pero sin ningún derecho asociado a esa situación. Es decir, con pérdida total de su soberanía en materia monetaria, de tipo de cambio y de encaje en la Unión Bancaria.

Tampoco lleva muy lejos el debate sobre las balanzas fiscales y el supuesto “expolio” de Cataluña por parte del resto de España. El simple hecho de anunciar que se está dispuesto a emprender la ruta hacia la independencia en abierto desafío al marco jurídico-constitucional ya está teniendo consecuencias económicas muy negativas, aumentando la desconfianza de los mercados y de los inversores y generando anuncios sobre deslocalización de empresas. Al final de la llamada “hoja de ruta”, en caso de que se llegase hasta allí, la realidad económica sería muy diferente, y por supuesto peor, que la mostrada en las hipótesis heroicas que manejan los partidarios del “sí” a la independencia. Es verdad que ello comportaría también un serio perjuicio económico para el conjunto de España, pero no estamos ante un juego de suma cero, sino ante una suma negativa abrumadora, a lo que habría que añadir las consecuencias políticas y de fractura social inherentes a ese proceso.

Para concluir, conviene recordar que el Estado no es un fin en sí mismo. El poder de sus instituciones proviene del pueblo, que ejerce su soberanía a través del voto y del control de sus representantes electos. Los votantes en democracia ejercen sus derechos en tanto que ciudadanos. Millones de catalanes seguirían teniendo en su bolsillo un DNI español, y en caso de llegarse a la independencia muchos de ellos tendrían otro carnet que mostrase su ciudadanía catalana. Pero ésta última solamente podría ser fuente de derechos si no se llega a ella a través de la quiebra de algunas reglas básicas de la democracia. Porque en democracia todos tenemos derecho a decidir, pero siempre dentro de un marco jurídico respaldado por el respeto a la ley. Si no se cumple la ley la democracia deja de ser tal, privada de uno de sus elementos constitutivos. El simple hecho de votar, por importante que sea, no subsana esa carencia. Votar al margen de la ley no es concebible desde una perspectiva democrática. Y eso lo saben las instituciones de la UE, los responsables máximos de los Estados miembros de la Unión y millones de ciudadanos catalanes y del resto de España. Conviene recordarlo antes de que sea demasiado tarde.

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