27Mar
2017
Escrito a las 2:51 pm

Foto: elpais.com/EVA VÁZQUEZ

Tomar distancia respecto a los problemas a los que la Unión Europea se enfrenta hoy facilita la perspectiva adecuada para valorar lo logrado desde la firma del Tratado de Roma. Creo que los padres fundadores del proceso puesto en marcha hace 60 años estarían orgullosos del camino recorrido gracias a su visión y a su coraje político. Pero también intuyo que se manifestarían sumamente preocupados por la actual situación y exigirían en consecuencia cambios profundos.

Por muy importantes que sean los logros alcanzados, que sin duda lo son, desde hace algún tiempo se han ido acumulando riesgos que amenazan con paralizar su gran obra, o que esta se empiece a desmoronar e incluso que llegue a descomponerse.

No se puede minusvalorar lo conseguido, que ha sido mucho. Tanto en términos de integración —creación del mercado interior y de la moneda única, difusión y consolidación de los principios democráticos a través de sucesivas ampliaciones desde los seis países firmantes de los tratados iniciales hasta los 28 actuales— como a la hora de evaluar la enorme importancia de los bienes públicos disfrutados por los europeos: la paz, un espacio común de derechos y libertades, el progreso económico, la mejora de la cohesión social y territorial y la libre circulación de personas.

Pero tampoco es de recibo menospreciar los problemas y los desafíos aún no resueltos por la UE en el momento en que nos disponemos a celebrar este aniversario. Es cierto que en la casi totalidad de los países miembros una amplia mayoría de ciudadanos se posicionan a favor de la integración. Claro que, al mismo tiempo, critican la lejanía de las instituciones comunitarias y desconfían de muchas de sus decisiones, poco transparentes y a veces ininteligibles. Así se alimenta la pervivencia de nacionalismos y soberanismos, caldo de cultivo de los populismos, que constituyen un obstáculo casi insalvable para que surja un sentimiento claro de pertenencia e identificación con el proyecto europeo.

Una identidad europea que debe ser perfectamente compatible con otros sentimientos preexistentes, nacionales, regionales y locales, y en cuya ausencia no puede darse por sentado que lo logrado hasta ahora en cuanto a integración de nuestras economías y nuestras relaciones en el plano político, social y personal adquiera carácter irreversible.

El Tratado de Roma fue el fruto brillante de una visión de Europa basada en grandes principios, valores universales y en la gran altura de miras de los líderes políticos de la época. Pero hay que reconocer que no prestó suficiente atención a los dos elementos que, a mi juicio, deben constituir los pilares de la construcción de esa identidad europea.

La UE puede corregir mejor que los Estados los efectos negativos de la globalización

De un lado, los avances en la mejora de la calidad democrática de las decisiones de la UE. Profundizar en el método comunitario, respetando las competencias de la Comisión e incorporando sin excepción al Parlamento Europeo a la toma de decisiones y al control de las mismas, es una vía imprescindible y opuesta al intergubernamentalismo vigente en áreas tan sensibles como la acción exterior o aspectos claves de la Unión Económica y Monetaria. Mientras los ciudadanos no estén convencidos de que las decisiones de Bruselas son tan democráticas, transparentes y controlables como las adoptadas en su país respectivo, la desconfianza y la sensación de lejanía no desaparecerán.

Al mismo tiempo, hay que explicar con claridad los argumentos que fundamentan nuestra convicción de que la UE está mucho mejor posicionada que los Estados para corregir los efectos negativos de la globalización, hacer más eficiente el funcionamiento de la economía de mercado, gestionar los flujos migratorios y proteger nuestra seguridad frente a los riesgos y amenazas interiores y exteriores. Si queremos que las tensiones actuales entre proteccionistas y partidarios de una economía abierta, o entre soberanistas y europeístas, no generen obstáculos insalvables para que la integración siga su curso, habrá que redoblar el esfuerzo para que nuestras razones prevalezcan sobre las voces que basan sus posturas en el miedo al futuro o en planteamientos más emocionales que racionales.

¿Cómo hacerlo? La visión del federalismo europeísta tradicional ya no suscita las emociones del pasado, ni sirve para añadir racionalidad a las propuestas orientadas a desbloquear el actual punto muerto en los debates sobre las políticas europeas para la eurozona, el sistema de asilo y refugio o la seguridad. La mayoría de los partidarios de avanzar hacia nuevas metas no desean que las decisiones se adopten de manera opaca por tecnócratas ajenos a los controles democráticos, ni aspiran a que Bruselas se convierta en otro Estado, aunque fuese federal.

Una mayoría no desea que las decisiones las tomen tecnócratas ajenos a controles democráticos

A su vez, el método funcionalista inventado por Jean Monnet, basado en “pequeños pasos” decididos sin suficiente escrutinio democrático, ha logrado grandes avances desde 1957 hasta el Tratado de Maastricht, pero muestra claros síntomas de agotamiento desde el momento en que las decisiones se han ido extendiendo a algunas de las áreas clave de la soberanía propia del Estado nación. Y las reformas introducidas desde entonces, principalmente el Tratado de Lisboa, no han tenido la radicalidad necesaria para acompañar las importantes cesiones de soberanía con mecanismos adicionales de transparencia y control democráticos.

Por otra parte, las ampliaciones que han tenido lugar desde 1995 hasta la fecha han incrementado la diversidad interna de la UE. La cohesión existente entre los seis países firmantes del Tratado de Roma no requirió la puesta en marcha de estrategias de cohesión territorial, con la excepción del Mezzogiorno italiano, mientras que su cohesión política estaba sólidamente asentada en su compromiso de edificar un espacio democrático de libertades comprometido con la paz. La UE de hoy, incluso tras el Brexit, no solamente debe enfrentarse a niveles mucho mayores de desigualdad social y económica tanto en el seno de cada Estado miembro como entre ellos, sino que estos albergan experiencias históricas y trayectorias políticas muy diversas, lo que obliga a no descartar la posibilidad de una Europa a varias velocidades.

Reconocer todos estos cambios, y sostener las respuestas exigibles para aportar soluciones viables para el futuro de Europa, no supone en absoluto traicionar el espíritu o la letra del tratado firmado hace 60 años, sino apostar con firmeza por muchas más décadas de integración. Eso sí, en el siglo XXI. Lo que nos obliga a diseñar nuevas metas y estrategias, y también una nueva gobernanza.

Publicado en elpais.com el 25 de marzo de 2017

 

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